Punto de Vista — Omar Chávez Reyes
Durante años, la cartera de inversión típica de un inversionista peruano —individual o institucional— se ha construido sobre tres pilares: renta fija local, algo de renta variable listada y, en el mejor de los casos, exposición internacional a través de fondos mutuos tradicionales. Es una estructura razonable en contextos de estabilidad. El problema es que ese supuesto de estabilidad, en el ciclo actual, ya no puede darse por sentado.
Por qué los activos tradicionales no bastan en el ciclo actual
Los mercados de renta fija y renta variable listada comparten una característica que se vuelve crítica en entornos de mayor incertidumbre: se mueven, en gran medida, en función del mismo conjunto de variables macro y de percepción de riesgo. Cuando la incertidumbre política, fiscal o regulatoria aumenta —un fenómeno recurrente en economías emergentes como la peruana—, los activos tradicionales tienden a correlacionarse con mayor intensidad de lo que los modelos clásicos de portafolio asumen. La diversificación teórica entre bonos y acciones locales protege menos de lo esperado precisamente cuando más se necesita esa protección.
A esto se suma un problema de acceso: los instrumentos tradicionales listados en el mercado peruano ofrecen una oferta relativamente limitada en términos de sectores, plazos y estructuras de riesgo-retorno. Un inversionista que busca exposición a infraestructura, a deuda privada corporativa, a capital de crecimiento en empresas no listadas o a activos reales con flujo de caja estable, simplemente no encuentra esa oferta en el mercado público local con la profundidad necesaria.
Qué son y cómo funcionan los vehículos alternativos
Los activos alternativos —private equity, deuda privada, real assets, vehículos de infraestructura y fondos estructurados— comparten una lógica común: buscan un perfil de retorno menos correlacionado con los ciclos de los mercados públicos, a cambio de menor liquidez y, en general, mayor complejidad de estructuración.
Private equity y capital de crecimiento permiten acceder al valor que se genera en empresas que aún no cotizan en bolsa, típicamente con horizontes de inversión de cinco a ocho años y un rol activo del inversionista o del gestor del fondo en la creación de valor operativo, no solo financiero.
Deuda privada ofrece exposición a flujos de interés fijados contractualmente fuera del mercado de bonos públicos, con estructuras de garantías y covenants diseñadas caso por caso, lo que en muchos escenarios ofrece un perfil de riesgo más controlado que el de la renta fija corporativa listada de emisores comparables.
Activos reales, como infraestructura o proyectos con flujos de caja de largo plazo, aportan una correlación estructuralmente baja con los mercados financieros tradicionales, ya que su valor depende de variables operativas —demanda de un servicio, contratos de largo plazo— más que de sentimiento de mercado.
Vehículos estructurados —fideicomisos, SPVs (vehículos de propósito especial) y fondos de inversión cerrados— permiten empaquetar estos activos bajo una gobernanza y un marco legal diseñado específicamente para el objetivo de inversión, algo que ningún instrumento estandarizado del mercado público puede ofrecer con el mismo nivel de personalización.
Consideraciones de estructuración y acceso
El atractivo de los activos alternativos no exime del rigor que exige su estructuración. A diferencia de un instrumento listado, un vehículo alternativo requiere definir, desde el diseño, una arquitectura legal y financiera clara: qué tipo de vehículo se utiliza (fideicomiso, fondo cerrado, SPV), cómo se define la política de inversión, qué mecanismos de gobierno corporativo protegen al inversionista minoritario, cómo se valoriza el activo subyacente ante la ausencia de un precio de mercado diario, y cuál es la estrategia de salida.
Estas decisiones no son de forma; determinan directamente el perfil de riesgo del inversionista. Un vehículo mal estructurado —sin mecanismos claros de gobernanza, sin covenants de protección o sin una estrategia de salida definida desde el origen— puede convertir una inversión alternativa razonable en una posición ilíquida y de difícil valorización, precisamente el riesgo que la diversificación buscaba mitigar. El acceso a estos instrumentos, además, suele estar mediado por umbrales de inversión mínima y por la calidad del due diligence que el propio inversionista —o su asesor— realiza sobre el gestor y la estructura propuesta.
El rol del asesor independiente
La complejidad inherente a estos vehículos —legal, fiscal, de valorización y de gobernanza— hace que la decisión de incorporar activos alternativos a una cartera rara vez deba tomarse sin acompañamiento técnico especializado. El rol de un asesor independiente en este contexto no es vender un producto, sino evaluar, junto con el inversionista, si la estructura propuesta protege adecuadamente sus intereses: si los términos de gobernanza son razonables, si la valorización del activo subyacente es defendible, si la estrategia de salida es realista y si el perfil de liquidez del vehículo es compatible con el horizonte del inversionista.
En un entorno donde la volatilidad macro y política ha dejado de ser la excepción para convertirse en una condición estructural del mercado peruano, la pregunta relevante para un inversionista sofisticado ya no es si diversificar hacia activos alternativos, sino cómo hacerlo con el rigor de estructuración que estos instrumentos exigen.
Omar Chávez Reyes es economista (MSc, PUCP) y asesor financiero especializado en estructuración de vehículos de inversión y consultoría corporativa.
